ISSUP Panamá participó en el proceso de elaboración y posterior divulgación de la nueva Política Nacional sobre Drogas 2026–2036, presentada oficialmente como la hoja de ruta que orientará la respuesta del país frente al fenómeno de las drogas durante la próxima década.
La nueva Política Nacional sobre Drogas representa un compromiso de país con la prevención, la seguridad, la salud pública y el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Su formulación parte del reconocimiento de que los desafíos asociados al consumo, tráfico y producción ilícita de drogas son complejos y requieren respuestas integrales, sostenibles, basadas en evidencia y articuladas entre diferentes sectores de la sociedad.
Miembros de ISSUP Panamá participaron aportando sus conocimientos y experiencia durante el proceso de elaboración de la Política, contribuyendo a una construcción colectiva que involucró a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, comunidades y sectores especializados. Tras su aprobación y lanzamiento, el Capítulo continuará apoyando su divulgación y, especialmente, promoviendo acciones que contribuyan a traducir sus objetivos en capacidades concretas para quienes trabajan en prevención, tratamiento, recuperación y otros ámbitos relacionados con el uso de sustancias.
La inclusión de Cruz Blanca Panameña, organización anfitriona de ISSUP Panamá. se encuentra entre las entidades involucradas en la Política Nacional sobre Drogas 2026–2036 y representa un reconocimiento al papel que los profesionales y organizaciones especializadas pueden desempeñar en la respuesta nacional. El documento identifica a actores de los sectores de salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo social, academia, sociedad civil y comunidades de fe, entre otros.
Una respuesta multisectorial para un fenómeno complejo
Uno de los principios centrales de la nueva Política es que el fenómeno de las drogas no puede ser abordado desde un único sector. Salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo social, academia, sociedad civil, comunidades y organizaciones basadas en la fe tienen capacidades y responsabilidades diferentes, pero complementarias.
La propia Política reconoce que las respuestas tradicionales centradas exclusivamente en la represión son insuficientes y plantea un abordaje integral e intersectorial, basado en evidencia científica y capaz de equilibrar prevención, atención, reducción de daños, control y regulación.
Esta visión se concreta en cinco ejes estratégicos: fortalecimiento institucional; reducción de la demanda; control de la oferta; investigación y gestión del conocimiento; y cooperación internacional. La implementación efectiva de estos ejes dependerá de la capacidad del país para generar coordinación, fortalecer competencias y sostener la participación activa de los distintos actores involucrados.
Capacitación y profesionalización como pilares para la implementación
Para ISSUP Panamá, uno de los grandes retos comienza ahora: asegurar que quienes tienen la responsabilidad de implementar la Política cuenten con los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para hacerlo de manera efectiva.
La Política establece expresamente la necesidad de fortalecer las capacidades para la prevención, desarrollar procesos de capacitación continua para profesionales y mejorar los servicios mediante la capacitación, especialización y certificación del recurso humano. Asimismo, contempla la formación de agentes multiplicadores con información científica, la capacitación de profesionales de la salud, docentes y líderes comunitarios, y la creación de alianzas con universidades, organismos de salud y organizaciones sociales para ampliar la calidad y el alcance de estos procesos formativos.
En este contexto, Cruz Blanca Panameña, organización anfitriona de ISSUP Panamá y una de las organizaciones identificadas dentro de la Política, ha reafirmado su compromiso de contribuir a su implementación mediante acciones de capacitación y profesionalización de la fuerza laboral vinculada al ámbito de las drogas.
Este compromiso se alinea directamente con la misión de ISSUP de fortalecer una fuerza laboral competente, conectada y basada en evidencia, capaz de convertir los objetivos de las políticas públicas en intervenciones de calidad para las personas, familias y comunidades.
El papel de las comunidades de fe
La Política Nacional también reconoce explícitamente a la Iglesia Católica como uno de los actores de la respuesta nacional. El documento destaca su trayectoria en Panamá en la prevención del uso de drogas, incluyendo la capacitación de agentes pastorales mediante seminarios, talleres y otras acciones de orientación dirigidas tanto a personas afectadas por el consumo como a sus familias.
Este reconocimiento resulta especialmente relevante para el trabajo que actualmente desarrolla ISSUP Panamá con líderes religiosos y organizaciones basadas en la fe, buscando fortalecer sus conocimientos y capacidades para contribuir, desde su cercanía con las comunidades, a la prevención, la identificación temprana, el acompañamiento y la adecuada referencia hacia servicios especializados.
La participación de las comunidades de fe complementa así el trabajo de los sectores sanitario, educativo, social y comunitario y refuerza uno de los mensajes centrales de la nueva Política: ninguna institución puede responder por sí sola a un fenómeno tan complejo como el de las drogas.
De la política a la implementación
El lanzamiento de la Política Nacional sobre Drogas 2026–2036 marca el inicio de una nueva etapa. Su impacto dependerá no solo de la existencia de un marco estratégico, sino de la capacidad de convertirlo en acciones sostenidas, coordinadas y evaluables en todo el territorio.
Para ISSUP Panamá, formar parte de este proceso implica continuar construyendo alianzas, fortaleciendo la profesionalización de quienes trabajan en el ámbito de las drogas y acercando conocimiento científico y herramientas basadas en evidencia a los diferentes sectores responsables de hacer realidad los objetivos de la Política.
ISSUP Panamá reafirma así su compromiso de trabajar junto a CONAPRED, instituciones gubernamentales, academia, sociedad civil, comunidades y organizaciones basadas en la fe para contribuir a una respuesta nacional más coordinada, profesionalizada, humana y basada en evidencia frente al fenómeno de las drogas.
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